Carta de Solanet a Senadores

La Cámara de Diputados ha dado media sanción a una ley que, de ser ratificada por el Senado y promulgada por el Ejecutivo, produciría un daño irreversible a millones de futuros jubilados, llevaría a mediano plazo a la bancarrota fiscal, y viola desde ya el derecho de propiedad. La votación mostró mayorías obedientes y acompañantes confundidos por sus pruritos ideológicos que se rehusaron a ver el verdadero propósito del Poder Ejecutivo, no declarado pero evidente, de resolver sus problemas de caja y aislamiento financiero internacional, que complican sus objetivos electorales y autocráticos.

Desde comienzos de los noventa el sistema de reparto no era sostenible con sólo las contribuciones de seguridad social. Ya entonces demandaba crecientes recursos provenientes de otros impuestos cuando la cantidad de trabajadores activos en relación al número de pasivos había descendido a algo menos de 2,2. Desde entonces esa relación continuó bajando sistemáticamente por el fenómeno demográfico que se traduce simultáneamente en disminución de la natalidad y prolongación de vida de la población. Esto ocurre en todos los países y más intensamente en los de mediano y alto desarrollo, produciendo el desfinanciamiento de los sistemas jubilatorios de reparto sin que ello pueda ser compensado por la elevación de las edades de retiro. La Argentina no se ha excluido de este fenómeno.

Todos los gobiernos desean superar esta gravísima dificultad transformando sus sistemas jubilatorios de reparto en regímenes de ahorro y capitalización individual. El gran problema es el desfinanciamiento del sistema estatal durante la transición, ya que se pierden los aportes de los nuevos trabajadores y de los que se transfieren, mientras que deben continuarse pagando las jubilaciones y pensiones de quienes ya se retiraron. Por esta razón son pocos los países que han encarado la transformación, aunque han alentado el crecimiento de seguros privados. La migración completa de un régimen al otro requiere entre 15 y 20 años de duro sacrificio fiscal, pero luego el problema queda resuelto para siempre. Cuando en la Argentina estamos cerca de superar esa etapa crítica, se decide destruir el sistema volviendo al punto de partida, como en el juego de la oca. El resto del mundo que lidia con el problema no puede entender qué estamos haciendo, nosotros tampoco.

Señores Senadores: la ley que ustedes tratarán confisca los ahorros acumulados en cuentas individuales. Se trata de una flagrante violación del derecho de propiedad de quienes optaron libremente por permanecer en este sistema. Son 90.000 millones de pesos de 9 millones de cuentas particulares que pasarán a un fondo estatal. Un 55% de esos fondos están invertidos en títulos públicos y otro 25% en colocaciones no liquidables fácilmente. Una parte cercana al 8% quedará embargada fuera del país por acreedores impagos. El remanente líquido no alcanzará a cubrir los vencimientos de la deuda pública del próximo año. El desfinanciamiento del sistema de reparto una vez que se consuma el fondo acumulado transferido, exigirá no sólo como hoy el 15% del total de fondos coparticipables, sino mucho más. Habrá un escaso beneficio de caja de corto plazo en relación con tanta destrucción. Aún peor: con esta reforma el estado incorporará un pasivo adicional a mediano y largo plazo por futuras jubilaciones, que neto de aportes adicionales equivale en valor presente a más de 180.000 millones de dólares. ¿Comprenden ustedes, señores Senadores, lo qué estarían haciendo si aprueban esta ley? ¿Son conscientes de que no se podrán cumplir las promesas y que además se destruyen las posibilidades de una jubilación digna para quienes hoy ya están en el sistema de reparto?

Señores Senadores: Hemos oído, y ya forma parte de la verdad oficial, que las AFJP cobran comisiones escandalosas y que abusaron de los aportantes. ¿Se han tomado el trabajo de comparar la situación con otros sistemas y de observar la evolución de las comisiones en los 14 años de vida del sistema? Háganlo y verán que si se excluyen las primas de seguro de vida, las comisiones fueron comparables a los de otros sistemas de administración de fondos y además han descendido. Hay quejas y deficiencias respecto de las AFJP, pero observen los costos y la eficiencia de la ANSES. Las primeras han logrado históricamente producir rendimientos por encima de la inflación, mientras que esta última nunca ha hecho otra cosa con sus fondos que prestarlos al gobierno a tasas reales negativas. Tal vez el mayor cargo que puede hacérseles a las administradoras de Fondos es no haberse resistido a las imposiciones del gobierno, que las forzó a suscribir títulos públicos impagables. Sus demás fallas son menores y corregibles.

Señores Senadores de la Coalición Cívica y del radicalismo: Ustedes rechazan la ley por justificado temor a que los fondos se destinen a gastos del gobierno y alimenten circuitos de corrupción. Pero dicen estar de acuerdo doctrinariamente con el sistema de reparto, aunque poco o nada han dicho sobre su inviabilidad y no hacen ustedes eje en el derecho de propiedad. Se oponen así por lo secundario y no por lo sustancial. De esta manera alimentan las fuerzas argumentales del kirchnerato y alientan a otras corrientes políticas estatistas a votar ingenuamente a favor de la ley aceptando promesas de buen control, justo cuando el Poder Ejecutivo demuestra una vez más en los hechos su cerrada resistencia a todo control. Observen lo que acaba de ocurrir con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y con la propia ANSES en el caso del envío de fondos previsionales a la provincia de Córdoba, entre otros casos. No olviden que los recursos fiscales son fungibles y que si se dice usar los fondos del ANSES para obras públicas - que ya es sabido cómo se contratan - los recursos presupuestarios que hubieran estado destinados a este fin se emplearán para gastos corrientes o para campañas políticas. La experiencia histórica es contundente. No habrá control efectivo. No hay más que ver cómo está empleando hoy la ANSES los fondos de capitalización que se absorbieron en 2007.

Señores Senadores Nacionales: El Ejecutivo ha presentado esta ley porque necesita caja. Como en el caso de la Resolución 125, ahora viste esta medida con argumentos ideológicos, falsedades demagógicas y luchas heroicas contra fantasmas. Pero esta vez hay una cuestión moral de fondo, el perjuicio es mucho más grave y se trata de un tema trascendente. Que Dios y la Patria los iluminen.

Manuel Solanet